El viernes por la noche, agentes de ICE irrumpieron en Buona Forchetta en South Park, uno de los restaurantes de barrio más queridos de San Diego. Sin previo aviso, agentes fuertemente armados esposaron a los empleados, empujaron al gerente contra la pared, usaron granadas aturdidoras contra de la comunidad y convirtieron un tranquilo restaurante en una escena de miedo, confusión y trauma. Tres trabajadores fueron detenidos, el restaurante se vio obligado a cerrar por la noche y los vecinos quedaron atónitos.
Lo que sucedió en South Park, y lo que está sucediendo en comunidades de todo el país, no fue un acto de aplicación de la ley; fue intimidación. Y no hace que San Diego sea más seguro; hace todo lo contrario.
Estas redadas en la comunidad no se dirigen a terroristas ni a delincuentes violentos. Se dirigen a trabajadores. Vecinos. Familiares. Personas que intentan ganarse la vida y contribuir a una ciudad que consideran su hogar. La conducta del ICE en Buona Forchetta no se centró en la seguridad pública; fue una demostración de fuerza destinada a sembrar el miedo entre los inmigrantes y sus seres queridos, y a enviar un mensaje a todos los que discrepan de las políticas de una istración que no acepta disidencias.
Seamos claros: el uso de esposas, tácticas antidisturbios y granadas de humo cerca de un restaurante familiar a la hora de la cena no tiene cabida en una ciudad como la nuestra. Fue traumático para los trabajadores, impactante para los dueños y profundamente perturbador para los numerosos clientes y vecinos que lo presenciaron. Esto no fue una acción policial, fue un espectáculo. No fue una operación de seguridad pública, fue un ejercicio de intimidación. Los empleados regresaron a casa atemorizados. Las familias se preguntan dónde están sus seres queridos. Los negocios se preguntan si serán los siguientes. Nuestra comunidad se siente atacada y violada.
Este no fue un incidente aislado; ocurrió al final de una semana en la que presenciamos una alarmante serie de extralimitaciones e intimidación por parte de las agencias federales, que deben considerarse como manifestaciones de poder excesivas, si no ilegales.
Fuimos testigos de cómo nuestro tribunal de inmigración local se vio desbordado por agentes del ICE que detenían a extranjeros que se presentaban a sus audiencias judiciales programadas; supimos que el gobierno se prepara para deportar a cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que solicitaron y obtuvieron un permiso humanitario antes de llegar a Estados Unidos (es decir, que llegaron “por el camino correcto”); y supimos que San Diego fue incluida en una nueva “lista” del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de cientos de ciudades y condados que están siendo perseguidos por el delito inventado de ser “ciudades santuario” debido a que se negaron a asumir las responsabilidades y gastos adicionales de la aplicación de las leyes federales de inmigración.
La redada del viernes fue el ataque más reciente, y quizás el más descarado, no solo por su impacto visceral en los sandieguinos comunes, sino también por su audaz desprecio por nuestras más preciadas protecciones constitucionales.
Estas tácticas socavan la confianza en nuestras instituciones, disuaden a las personas de comparecer ante los tribunales y reducen la cooperación con las fuerzas del orden. Y los ataques más directos en nuestros vecindarios buscan presentar a nuestra comunidad como un enemigo ante el gobierno federal e intimidar a los líderes locales que se atreven a priorizar el fortalecimiento de nuestra comunidad por encima de la aplicación de la ley basada en el miedo.
Cuando los vecinos tienen miedo de llamar a la policía, cuando los trabajadores temen ir a sus trabajos y cuando los niños temen que sus padres no regresen a casa, eso no es seguridad. Es miedo disfrazado de seguridad.
Las acciones de ICE el viernes pasado no solo detuvieron a unos pocos trabajadores, sino que enviaron un mensaje escalofriante a todos los extranjeros, a todos los trabajadores de restaurantes, a todos los empleadores y, en última instancia, a todos los residentes de nuestra ciudad: No están a salvo. Y ese mensaje debería preocuparnos a todos.
A nuestros líderes en Washington: San Diego merece algo mejor. A nuestros vecinos: Manténganse alerta. Y a nuestra comunidad inmigrante: Son parte de nuestra comunidad y no están solos. El miedo no es seguridad. Debemos exigir más a nuestras agencias federales y a quienes ostentan el poder. Y debemos solidarizarnos con quienes fueron atacados, porque la salud de nuestra comunidad y el futuro de nuestra democracia dependen de ello.
Original Story
Opinion: ICE raid was about intimidation. Not public safety.
