San Diego está desperdiciando millones y acortando la vida útil del Vertedero de Miramar al no cobrar tarifas suficientemente altas a sus transportistas de basura privados contratados ni incentivarlos para impulsar el reciclaje, según una nueva auditoría municipal.
La ciudad está perdiendo al menos 4 millones de dólares al año, posiblemente hasta 15 millones, al no aumentar las tarifas al ritmo de la inflación y al no reflejar el daño que los camiones de basura privados causan a las calles de la ciudad, según la auditoría.
La falta de incentivos para los transportistas ha mantenido la tasa de reciclaje de San Diego estancada en alrededor del 67 % durante una década, lo que está poniendo fuera de alcance los objetivos climáticos de la ciudad y podría obligar al cierre del vertedero antes de la fecha prevista para 2031, según los auditores.
Quince empresas privadas de transporte se encargan de la basura y el reciclaje para los negocios de San Diego y la mayoría de los complejos de apartamentos y condominios. Los equipos municipales se encargan de la basura y el reciclaje para la mayoría de las viviendas unifamiliares.
La auditoría de 59 páginas indica que las tasas de reciclaje de los equipos municipales son incluso peores que las de los transportistas privados, con un 32 %. La auditoría estima que el 80 % de los residuos que los transportistas municipales llevan al vertedero podrían reciclarse.
La ciudad planea aumentar la tasa del 32 % duplicando la frecuencia de la recolección de reciclaje a una vez por semana en 2027. Este es uno de los nuevos servicios que San Diego planea ofrecer cuando comience a cobrar a las viviendas unifamiliares por el servicio de recolección de basura.
La auditoría formula ocho recomendaciones, entre ellas un aumento en las tarifas de franquicia que pagan los transportistas para ajustarlas a la inflación y, posiblemente, igualar el costo total que supone para la ciudad permitirles usar las calles.
Otras recomendaciones incluyen modificar los acuerdos de la ciudad con los transportistas para incentivar tasas de reciclaje más altas y fomentar la rendición de cuentas, estableciendo las tasas de reciclaje como condición para la renovación de los contratos.
La auditoría también recomienda establecer una meta de tasa de reciclaje para los equipos municipales, que gestionan aproximadamente el 30% de la basura producida en la ciudad, en comparación con el 70% de los transportistas privados.
Los funcionarios municipales han acordado implementar todos los cambios recomendados. Sin embargo, afirman que se necesitará dinero para dos estudios y cinco nuevos empleados, y estiman que no podrán completar los cambios hasta julio de 2028.
San Diego recaudó $14 millones de los transportistas durante el año fiscal que finalizó en junio pasado, $4 millones menos que los $18 millones que, según la auditoría, podrían haberse recaudado ese año si las tarifas municipales se hubieran mantenido al ritmo de la inflación desde 2010.
La ciudad solo ha aumentado las tarifas dos veces desde entonces: una en 2020 y otra en 2023. Esos aumentos ascienden a un total del 13%, mientras que la inflación durante el mismo período ha sido del 54%, según la auditoría.
Si las tarifas municipales se hubieran mantenido al ritmo de la inflación desde 2010, en lugar de quedarse atrás, la ciudad habría recibido unos 25 millones de dólares más de los transportistas durante todo ese período, según la auditoría.
Sin embargo, la auditoría indica que los 14 millones de dólares anuales probablemente deberían acercarse a los 29 millones si la ciudad estudiara exhaustivamente los costos totales de permitir que empresas privadas como los transportistas utilicen recursos públicos como las calles de la ciudad.
Esta estimación solo considera los daños a las calles y la supervisión de los transportistas por parte de los funcionarios municipales. La auditoría indica que otros costos para la ciudad y sus residentes incluyen el ruido, la contaminación y la congestión vehicular.
Las tarifas de San Diego —17 dólares por tonelada para los transportistas de alto volumen y 18 dólares para los de bajo volumen— se encuentran entre las más bajas de las ciudades del estado y a nivel local.
San José cobra 49 dólares por tonelada, Chula Vista 41 dólares, Sacramento 32 dólares, Long Beach 30 dólares y Los Ángeles 30 dólares. Pero Carlsbad cobra $17 por tonelada, Oceanside $15 y Anaheim no cobra ninguna.
La auditoría indica que es poco probable que el aumento de las tarifas a los transportistas tenga un impacto significativo en las tarifas que pagan los clientes, en parte porque San Diego utiliza un modelo no exclusivo donde los transportistas compiten entre sí por los clientes.
“Si algunos transportistas optan por trasladar el aumento del costo de la franquicia, esos clientes podrían elegir entre otros transportistas aprobados que podrían no optar por trasladar el aumento de costo”, indica la auditoría.
Pero incluso si la mayoría o la totalidad de los transportistas trasladaran los costos a los clientes, el impacto sería relativamente pequeño, según la auditoría.
“Si la ciudad estableciera la tarifa en $25 por tonelada, en línea con los aumentos en el índice de precios al consumidor desde 2010, estimamos que el costo adicional por hogar aumentaría solo $1.74 al mes”, indica la auditoría. Si la Ciudad realizara un estudio y estableciera la tarifa de franquicia en $30 por tonelada, posiblemente más acorde con otras grandes ciudades de California, estimamos que el costo adicional por hogar aumentaría en $2.98 al mes.
San Diego consideró cambiar a un modelo exclusivo con un solo transportista en 2018, pero el Ayuntamiento optó por mantener un modelo no exclusivo, en parte para garantizar precios competitivos.
Sin embargo, la auditoría indica que las tasas de reciclaje suelen aumentar cuando una ciudad cuenta con un transportista exclusivo, ya que este tiene un fuerte incentivo para no decepcionar a la ciudad y perder el contrato.
“Una razón clave por la que otras ciudades han implementado sistemas exclusivos es su potencial para mejorar la desviación de residuos de los vertederos”, afirma la auditoría.
La tasa general de reciclaje de San Diego, del 67%, se compara favorablemente con la de otras grandes ciudades de California y a nivel local.
San Francisco, con un 81%, y Oakland, con un 74%, están muy por delante, pero Los Ángeles y San José alcanzan el 61%, Fresno el 54% y Sacramento el 48%.
A nivel local, Oceanside alcanza el 72%, Chula Vista el 65%, Carlsbad el 60% y Escondido el 44%.
Sin embargo, San Diego está muy por debajo de sus objetivos climáticos, que incluyen alcanzar una tasa de reciclaje del 75% para 2020, del 82% para 2030 y del 100% para 2040.
Si bien San Diego cuenta con 15 transportistas privados contratados, muchos de ellos son empresas más pequeñas propiedad de los tres grandes transportistas de la región, que controlan el 90% de los contratos de transporte de la ciudad.
La auditoría indica que Republic Services controla el 40%, EDCO el 27% y Waste Management el 25%.
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