A medida que los líderes de California se movilizan para defender las políticas liberales del estado frente a la istración entrante, los líderes demócratas del condado de San Diego comienzan a evaluar los posibles impactos de otro mandato de Trump en temas que van desde el cambio climático hasta la crisis de aguas residuales transfronterizas y el ejército.
Al igual que el estado, el condado depende del gobierno federal para recibir ayuda ante desastres, entre ellos el creciente número de incendios forestales y las inundaciones históricas ocurridas a principios de este año.
Agencias como la de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que Trump ha dicho que reducirá o reformará, son clave para ayudar al condado a responder a problemas como la crisis de aguas residuales transfronterizas en el Valle del Río Tijuana.
Trump hizo campaña principalmente a favor de las deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, y ya existe temor e incertidumbre para muchos migrantes que esperan presentar sus casos a los funcionarios estadounidenses, incluidos casi 2 millones que viven en California.
Y las designaciones federales del presidente podrían determinar la dirección de desarrollos clave en la región, mucho más allá de sus elecciones para el gabinete. Un nuevo fiscal federal determinará las prioridades para las persecuciones federales, y una posible elección de quién lidera una agencia binacional de agua podría jugar un papel clave en la resolución de la crisis de aguas residuales.
Aunque es demasiado pronto para saber exactamente qué traerá la presidencia de Trump a nivel local, algunos funcionarios electos del condado se están preparando y temen que las implicaciones puedan ser de gran alcance.
La supervisora Monica Montgomery Steppe dijo que ella y su personal han pedido al departamento de finanzas del condado que prepare una lista de programas que dependen completamente de fondos federales, además de programas financiados por el estado que podrían verse afectados. “Seguimos recopilando esa información, pero mis preocupaciones son muy amplias”, dijo.
Los demócratas parecen listos para mantener el control de la Junta de Supervisores del condado, con todos los actuales supervisores en camino a la reelección, incluida Terra Lawson-Remer, quien enfrentó el desafío más difícil.
En los cuatro años desde su elección, que otorgó a los demócratas la mayoría, la junta ha pasado de ser fiscalmente conservadora a gastar más en nuevos programas y servicios, financiados tanto localmente como por subvenciones estatales y federales. Este año adoptaron un presupuesto de 8,53 mil millones de dólares, el más grande de su historia.
Lawson-Remer teme que algunas de las principales prioridades puedan estar en peligro y, al igual que su colega, dijo que su oficina está comenzando a abordar esos desafíos. Ella agregó sobre Trump: “Espero que él pueda bloquear completamente a estados como el nuestro que no apoyaron su presidencia cuando se trata de financiación programática”.
Algunos proyectos locales importantes deberían estar relativamente seguros, entre ellos los esfuerzos de estabilización de acantilados que ya están en marcha en Del Mar y San Clemente para proteger el enlace ferroviario de San Diego a Los Ángeles. Este mes, el condado de Orange recibió 100 millones de dólares en subvenciones federales, el saldo necesario para los proyectos actuales de estabilización de acantilados.
Pero más proyectos de este tipo todavía están a años de distancia y requieren más fondos. Y a largo plazo, las vías deben ser desviadas fuera de los acantilados de Del Mar, una propuesta envuelta en controversia y que está a más de una década de distancia.
Otros proyectos locales que aún no han asegurado financiación también podrían estar en riesgo bajo una presidencia de Trump, como un plan para renovar la Bahía de Mission con la ayuda de subvenciones federales para la resiliencia costera.
Para complicar aún más las cosas para algunos proyectos, parece que los votantes han rechazado varias medidas locales de impuestos sobre las ventas y bonos que habrían aumentado los ingresos locales, dejando a los gobiernos más dependientes de otras fuentes de financiación.
Entre las medidas que los resultados parciales de las elecciones mostraron que fracasaron están la Medida E de la ciudad de San Diego, un aumento de un centavo en el impuesto sobre las ventas que se esperaba que generara 400 millones de dólares al año, y la Medida G del condado, un aumento de medio centavo en el impuesto sobre las ventas a nivel condado que habría financiado mejoras en la infraestructura de transporte.
Soluciones para la crisis de aguas residuales
En los últimos años, se han logrado avances en la obtención de fondos federales para ayudar a resolver la crisis de aguas residuales transfronterizas en curso, y en particular para ampliar una planta de tratamiento de aguas residuales federal de edad avanzada en la Bahía Sur.
Hasta ahora, se han asegurado 400 millones de dólares de los 600 millones necesarios para la planta, incluidos 300 millones de dólares que la istración Trump anterior apoyó para su asignación. Los funcionarios electos locales y la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), que gestiona la planta de la Bahía Sur, tendrán que hacer lobby ante el nuevo Congreso para asegurar los 200 millones de dólares restantes.
El alcalde republicano saliente de Coronado, Richard Bailey, atribuye a la istración Trump la obtención del primer tramo de fondos y expresó optimismo hacia el futuro.
“Realmente estuvimos contentos con su participación en el pasado, así que no tengo dudas de que el progreso continuará y espero que sigamos viendo un apoyo bipartidista”, dijo Bailey.
El alcalde de National City, Ron Morrison, un independiente, cree que Trump tiene respeto de los líderes de otros países, lo que, según él, podría ayudar en el tratamiento de la crisis de aguas residuales transfronterizas.
“Te guste o no, creo que este presidente será más orientado a la acción”, dijo Morrison. “Y creo que solo necesitamos aprovechar eso, si es posible, en esta situación”.
Pero aún existen incertidumbres.
El destino de María-Elena Giner como comisionada de la CILA, quien fue designada por el presidente Joe Biden en agosto de 2021, sigue siendo incierto. Los presidentes nombran a los líderes para este puesto, y un nuevo presidente podría significar un nuevo nombramiento.
Muchos coinciden en que Giner ha trabajado arduamente para reformar la agencia federal históricamente subfinanciada, eliminando algunos obstáculos que dificultaban abordar la crisis de aguas residuales.
“Dado el historial del presidente electo Trump y sus promesas de debilitar programas importantes, sin embargo, tengo serias preocupaciones de que una istración Trump revierta este progreso”, dijo el representante Juan Vargas en un comunicado.
Mientras tanto, el condado de San Diego depende en gran medida de los CDC para ayudar a investigar cómo la exposición a aguas residuales no tratadas y gases tóxicos de alcantarillado afecta la salud de las personas. Y una petición para considerar declarar el valle del río un sitio Superfund para limpieza federal está actualmente ante la EPA, cuyos fondos Trump recortó durante su primer mandato.
Trump también ha dicho que pretende derogar la Ley de Reducción de la Inflación y prometió rescindir cualquier fondo no gastado asignado por ella. Esa ley climática de 2022 ya ha comenzado a financiar mejoras en el monitoreo del aire en el Valle del Río Tijuana.
Retrocesos en salud pública
Más de la mitad del presupuesto de servicios de salud pública del condado, que asciende a 236,8 millones de dólares, y más de un tercio de su presupuesto de casi 1,2 mil millones de dólares en servicios de salud conductual provienen del gobierno federal, según los funcionarios de salud del condado.
El condado dijo que evaluará los posibles impactos de la nueva istración, y que aún es pronto para hacer comentarios.
Pero una de las mayores preocupaciones de Lawson-Remer es la pérdida de financiación de Medicaid para los esfuerzos de salud conductual que el condado ha ampliado recientemente, como los programas de tratamiento para el trastorno por uso de sustancias.
Trump también ha nombrado a Robert F. Kennedy Jr. como su secretario de Salud, un cargo importante que le dará autoridad sobre varias agencias federales, incluida la istración de Alimentos y Medicamentos (FDA), que anualmente destina decenas de millones de dólares a las enormes industrias de ciencias de la vida y biotecnología del condado de San Diego.
Kennedy ha difundido teorías de conspiración sobre diversos problemas de salud pública y ha sido un principal defensor de la afirmación desacreditada de que las vacunas causan autismo. Algunos de los mayores avances realizados en vacunas durante la pandemia de COVID-19 se lograron localmente en lugares como UC San Diego y Scripps Research.
Cambios en el cambio climático
Trump ha dicho repetidamente que no cree que el cambio climático sea una amenaza, y es muy probable que su istración detenga los esfuerzos de California para enfrentar la crisis climática. Esto incluiría congelar la financiación de investigaciones sobre el cambio climático, un campo en el que San Diego es dominante.
La Institución de Oceanografía Scripps de UC San Diego produjo descubrimientos que ayudaron a llevar a la aprobación de los Acuerdos de París, el acuerdo climático internacional vinculante aprobado a finales de 2015, del cual Trump quiere que EE. UU. se retire.
Su presidencia también podría reducir la disponibilidad de subvenciones federales para el equipo que la región necesita para cumplir con los mandatos de emisiones cero, justo después de que el condado aprobara su tan esperado plan para alcanzar emisiones netas cero para 2045.
“Él está tan comprometido con el ‘perforar, perforar, perforar’, ese ha sido su lema”, dijo Nicole Capretz, fundadora y directora ejecutiva de Climate Action Campaign. “Estoy furiosa y devastada, y sé que esto recién comienza”.
Pero Jason Anderson, presidente y CEO de CleanTech San Diego, un grupo empresarial que promueve la energía renovable, tiene la esperanza de que las protecciones estatales ayuden a las industrias locales a seguir avanzando hacia sus objetivos climáticos.
“Por suerte para nosotros, vivimos en California”, dijo Anderson. “California ha sido muy agresiva, y creo que podemos seguir siéndolo, especialmente por el tamaño de la economía. Espero que, en cierta medida, estemos algo protegidos”.
Economía transfronteriza
Trump ha amenazado repetidamente con imponer fuertes aranceles a los productos provenientes de China y, lo que es más importante para la región de San Diego, de México.
California exportó productos por valor de 16.4 mil millones de dólares a China en 2023, incluidos muchos que se enviaron al extranjero desde puertos de San Diego, Long Beach y Los Ángeles. Una guerra comercial podría reducir esa cifra.
Y, junto con los planes de Trump para endurecer las políticas de inmigración, los aranceles a los productos de México podrían afectar drásticamente la economía transfronteriza. Lawson-Remer teme que puedan impactar a las pequeñas empresas que dependen del comercio con México, que el año pasado superó a China como la principal fuente de productos importados por EE.UU.
La región de CaliBaja —las economías combinadas de los condados de San Diego e Imperial y Baja California— es la zona económica integrada más grande a lo largo de la frontera sur del país, con un promedio de 200 millones de dólares en bienes que se mueven de un lado a otro entre California y México todos los días, según un informe de la Universidad de San Diego.
Alan Gin, economista de la Universidad de San Diego, señaló que los aranceles propuestos a China podrían llevar a los fabricantes a elegir fuentes más cercanas, incluidas posiblemente México, lo que podría beneficiar a la economía transfronteriza.
Pero cualquier arancel impuesto a México contrarrestaría esos impactos positivos, advirtió Gin. Y una persecución inmigratoria podría ralentizar los desplazamientos transfronterizos, lo que perjudicaría aún más la economía, agregó.
Poder militar
Una guerra comercial también podría avivar las tensiones políticas y militares existentes, especialmente entre China y EE. UU. China no solo ha reclamado soberanía sobre áreas del Mar del Sur de China, un paso clave para el envío internacional, sino que también ha amenazado con invadir Taiwán.
Eso podría beneficiar la economía militar del condado de San Diego.
San Diego es el hogar de la Tercera Flota de la Armada, cuya flota de 56 barcos de guerra y 4 submarinos serían llamados para mantener abiertas esas rutas marítimas y, quizás, luchar contra China por el control de Taiwán. La Tercera Flota ya patrulla esa área, en parte, para mantener a China a raya. Esta fuerza naval incluye tres de los 11 portaaviones de la Armada.
Incluso sin una guerra comercial, las tensiones políticas existentes podrían llevar a la istración Trump a seguir impulsando el gasto en defensa en la Costa Oeste.
El mes pasado, The San Diego Union-Tribune informó que el condado tenía la mayor fuerza laboral de la industria de defensa del país en el ejercicio fiscal de 2023, con casi 113,000 personas que trabajan desde marineros y Marines hasta soldadores civiles y ingenieros que diseñan drones de nueva generación, según un informe del Departamento de Defensa de EE. UU.
Gin está de acuerdo en que las empresas de defensa privadas locales podrían beneficiarse de una istración Trump.
Pero dice que el panorama podría ser más incierto para los numerosos empleos de “tecnología azul” de San Diego, que utilizan tecnología avanzada para usar de manera sostenible el océano y sus recursos. Algunos podrían beneficiarse del gasto en defensa, mientras que otros podrían verse perjudicados por una disminución de la financiación para el cambio climático.
Original Story
From the sewage crisis to military money, what will Trump’s return mean for San Diego County?
