Un proyecto de ley firmado el jueves por el gobernador Gavin Newsom restaurará beneficios que los defensores del cuidado de crianza dicen que algunos jóvenes debieron haber estado recibiendo desde el principio.
La legislación estatal, que los funcionarios del condado de San Diego apoyaron a principios de este año, garantizará que los niños en acogida cuyos padres han fallecido reciban beneficios de sobrevivientes al cumplir 18 años, en lugar de permitir que los condados se queden con esos beneficios.
El condado ya decidió el año pasado poner fin a su práctica de décadas de usar los beneficios de Seguridad Social adeudados a los niños en acogida para pagar su cuidado, eligiendo en su lugar mantener el dinero en cuentas para ellos hasta que cumplan 18 años.
La nueva legislación estatal exige que todos los condados en California hagan lo mismo a partir del 1 de enero.
El líder comunitario Shane Harris, quien fue un joven en acogida, lideró el impulso local para la legislación y para que el condado la patrocinara.
“Esta nueva ley restaura los derechos de los jóvenes en acogida para recibir sus beneficios en lugar de que los condados se queden con ese dinero para una istración de bienestar infantil ya sobrecargada,” dijo el martes.
Harris y otros defensores afirman que la ley ayudará a apoyar a los jóvenes en acogida, quienes están en mayor riesgo de caer en la pobreza y la falta de vivienda una vez que salen del sistema. Los datos del condado muestran que eso es lo que le sucede a aproximadamente una cuarta parte de los jóvenes localmente dentro de 18 meses de dejar el cuidado de crianza.
Los condados ahora deberán evaluar a todos los jóvenes para determinar su elegibilidad dentro de los dos meses posteriores a su ingreso al cuidado de crianza y notificar a los beneficiarios cuando se soliciten o reciban beneficios. También deben rendir cuentas por los fondos recibidos en nombre de un niño.
Entre 40,000 y 80,000 jóvenes en cuidado de crianza son elegibles para o están recibiendo beneficios por discapacidad de Seguridad Social, de sobrevivientes u otros beneficios, que pueden superar los $900 al mes, según el Instituto de Defensa Infantil de la Universidad de San Diego, que también copatrocinó el proyecto de ley.
Antes de que el condado de San Diego detuviera esta práctica, recaudó y retuvo $3.2 millones en pagos de pensiones, de sobrevivientes y de seguro por discapacidad en nombre de 310 jóvenes en acogida desde 2015 hasta 2023, según los registros del condado.
“Para algunos de los niños en acogida de California, tener a estos activos previamente malversados puede ser la diferencia entre salir del cuidado y caer en la falta de vivienda o tener un techo sobre sus cabezas,” dijo Amy Harfeld, directora de políticas nacionales en el instituto, en un comunicado esta semana.
A pesar de que los defensores consideran la decisión de Newsom la semana pasada como una “gran victoria,” Harfeld dijo al San Diego Union-Tribune que aún queda mucho trabajo por hacer en California — el único estado que ha hecho la distinción sobre qué beneficios de Seguridad Social proteger y ha dejado fuera a otros, según dice.
Harfeld señala que la ley no ofrece protección para un grupo particularmente vulnerable: los jóvenes en acogida con discapacidad, cuyos beneficios por discapacidad aún pueden ser tomados por el estado y utilizados para su cuidado.
“Sabemos que estos resultados para estos jóvenes son realmente abismales cuando salen del cuidado de crianza,” dijo Harfeld. “Es tacaño y poco inteligente de nuestra parte estar malversando sus beneficios para financiar los presupuestos municipales en lugar de pensar realmente en lo que es mejor para el niño y cuál sería la mejor manera de asegurar que tengan un futuro exitoso.”
Después de que Newsom vetó una legislación similar el año pasado, citando un déficit presupuestario, el asambleísta Isaac Bryan, otro ex joven en acogida, reintrodujo una versión reducida que no requería que los condados conservaran otros tipos de beneficios de Seguridad Social, como los de discapacidad.
“Queremos dar crédito al gobernador por hacer lo correcto aquí en una difícil situación presupuestaria, pero cuando tienes una población de jóvenes con discapacidad en cuidado de crianza que todavía están siendo supervisados por la agencia estatal encargada de cuidarlos y pagar por su atención, no sé si podemos afirmar que el problema está completamente resuelto,” dijo Harfeld.
Harris también mencionó que la nueva ley omite otro aspecto clave: no se aplica de forma retroactiva, por lo que no paga a los jóvenes en acogida por beneficios que de otro modo habrían recibido antes de que el condado cambiara su política.
“Debemos explorar cómo corregir realmente los errores por aquellos a quienes los condados de California robaron mientras, sin culpa de su parte, estaban en cuidado de crianza,” dijo Harris.
El instituto de la USD ya ha estado abordando preocupaciones similares a nivel local. Demandó al condado el año pasado en nombre de dos ex niños en acogida, alegando que sus beneficios fueron utilizados de manera indebida. Ese caso está en curso.
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